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Martes 11 de agosto de 2026

Bragado deroga el convenio con CECAITRA y retirará los radares de la Ruta 5

El Concejo Deliberante aprobó la medida tras detectar falta de señalización, irregularidades administrativas y cuestionamientos judiciales.

En una decisión de alto impacto para el tránsito sobre la Ruta Nacional 5, el Concejo Deliberante de Bragado aprobó por mayoría la derogación de las normas que convalidaban los convenios para la aplicación del Plan Integral de Seguridad Vial en el distrito. La resolución dejará sin efecto el acuerdo firmado con la cámara empresaria CECAITRA y organismos provinciales, derivando en el retiro de los radares y fotografías de la jurisdicción.


El proyecto fue presentado por la concejal Marita Gelitti, referente del bloque Acción para el Desarrollo, y tratado en la sesión del pasado 6 de agosto.


Los argumentos detrás de la derogación

La medida se fundamentó en una serie de anomalías operativas y legales observadas en el funcionamiento del sistema:


Capacidad jurídica: Cuestionamientos a la validez de CECAITRA para suscribir el convenio en función de su estatuto.


Falla de controles e infraestructura: Deficiencia en la fiscalización por parte del municipio y la falta de señalización clara respecto a las velocidades máximas permitidas en la traza vial.


Investigaciones judiciales: Advertencias sobre causas en trámite vinculados a una presunta red de "borrado" de infracciones y la confección de actas firmadas por exfuncionarios que llevaban años fuera del ejercicio público.


"Controles justos y efectivos"

Tras la aprobación de la ordenanza, el concejal Gelitti remarcó que el rechazo al convenio actual no implica dejar de lado la prevención en las rutas, sino exigir el cumplimiento de la ley.


"La seguridad vial es una prioridad absoluta y una necesidad real para cuidar la vida de quienes transitan por nuestra zona. Sin embargo, no podemos permitir que se implementen de manera irregular" , señaló el edil.


Finalmente, Gelitti sostuvo que cualquier esquema de fiscalización debe basarse en estudios técnicos previos, estadísticas reales de siniestralidad vial y el garantismo del derecho de defensa para los conductores. "Para que el control sea justo y efectivo, se debe sostener en estos principios" , concluyó.