Lunes 21 de marzo de 2016
Lo pidió la gobernadora María Eugenia Vidal, quien envió a la Cámara del Senado provincial el proyecto de ley para obligar a los funcionarios políticos del gobierno y de las fuerzas de Policía Bonaerense a presentar sus respectivas declaraciones patrimoniales.
La norma ya había sido establecida mediante el decreto 116, con fecha del pasado 29 de febrero, y ahora la mandataria provincial pretende que se convierta en ley con los votos de los legisladores bonaerenses.
Los funcionarios bonaerenses comprendidos están obligados a la presentación de esta declaración jurada, “aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria”, y afecta a la gobernadora, vicegobernador, ministros, secretarios y directores, hasta fiscales de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo.
Cabe apuntar que a nivel nacional los funcionarios están obligados a dicha presentación, aunque durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se impidió el acceso a la información de la misma y a poder constatar la evolución anual patrimonial de los funcionarios.
También, la medida (remitida a última hora del viernes a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero que formaba parte del discurso de campaña de la actual gobernadora) abarca al personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, como así también a efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario “con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría”.
Incluye, además, al presidente, miembros del directorio y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos de empresas, sociedades y otros entes bajo la órbita o participación del Estado bonaerense.
Asimismo, se contempla al personal que intervenga en el “manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos”.
“Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del ejercicio del poder de policía”, dice el texto remitido a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por parte de la titular del Ejecutivo bonaerense.
