Miércoles 10 de octubre de 2018
En Junín el concejo deliberante aprobó, con apoyo de los ediles de Cambiemos, un proyecto de resolución que rechaza las sumas adicionales al consumo de gas. En tanto, en Rivadavia el bloque oficialista también presentó una iniciativa. Por su parte, en 9 de Julio, Chacabuco y Bragado la oposición salió a repudiar el incremento.
Luego de que se conociese la noticia de que el pasado 5 de octubre la resolución 20/2018 fuese publicada en el Boletín Oficial y en la que el gobierno nacional autorizó a las empresas a trasladar la deuda que tienen con las productoras de gas a los usuarios. Esta iniciativa del gobierno implicaría que a partir de enero de 2019 los ciudadanos deberán pagar un costo extra en la factura de gas que corresponderá a las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) más intereses, hecho que se suma a los aumentos tarifarios (desde octubre se deberá pagar un 35% más).
La deuda se genera porque la tarifa actual fue cotizada en abril pasado con un valor del dólar a 20,55 pesos y la devaluación constante de la moneda argentina provoca una diferencia del valor pagado por los usuarios y el que factura la petrolera, que se paga a 75 días. Esta diferencia que, con intereses, el gobierno ahora autoriza a trasladar a las tarifas para que paguen los usuarios a partir de 2019.
Conocida la noticia, dirigentes opositores de la órbita nacional, provincial y regional cargaron las tintas contra la polémica resolución, y en su mayoría instaron a que esa deuda no sea pagada por los usuarios.
En Junín el concejo deliberante aprobó, con apoyo de los ediles de Cambiemos, un proyecto de resolución que rechaza las sumas adicionales al consumo de gas. En tanto, en Rivadavia el bloque oficialista también presentó una iniciativa. Por su parte, en 9 de Julio, Chacabuco y Bragado la oposición salió a repudiar el incremento.
En tanto, en Lincoln el bloque de Cambiemos mediante un proyecto de Resolución rechazó la medida dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. En los considerando del proyecto se remarca que a pesar de que la medida pudiese ser defendida aduciendo su origen legal mediante la ley 24.076, “resulta necesario manifestar el rechazo por su carácter de abusivo, ya que el pueblo no debe asumir los riesgos de los balances de las empresas, ni pagar las diferencias en pesos por la variación del tipo de cambio que se produjo entre las mismas productoras y distribuidoras”.
En tanto, en General Villegas el bloque de Unidad Ciudadana también presentó un proyecto en rechazo a la polémica medida. “El gobierno nacional continúa beneficiando a las empresas energéticas en perjuicio de la gente”, destacaron desde el PJ local.
